Entidades de la sociedad civil y el Ministerio Público urgieron la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, pieza que lleva más tres años en el Congreso Nacional y que serviría para evitar que los bienes ocupados a convictos narcotraficantes vuelvan a sus manos. El anteproyecto, que ha sido reintroducido en varias ocasiones por senadores peledeístas, persigue reglamentar el procedimiento para extinción de dominio prevista en el párrafo seis del artículo 51 de la Constitución. Este sería aplicable también para los funcionarios del Estado electos o designados, incluyendo organismos autónomos, civiles o militares, igual que a sus vinculados como cónyuge o conviviente, familiares en línea ascendente, descendiente o colateral.