EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el negocio del tráfico ilícito se trata de un fenómeno complejo que incluye pluralidad de jurisdicciones, actividades y delitos subyacentes y de agentes implicados que continúa evolucionando debido al difícil control en las fronteras y al empleo de tecnologías modernas y representa una serie de amenazas interrelacionadas para la sociedad en su conjunto.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el comercio ilícito impacta negativamente la capacidad recaudatoria de los Estados debido al contrabando y la evasión fiscal.

CONSIDERANDO TERCERO: Que el comercio ilícito distorsiona la dinámica del mercado al obligar a las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones inequitativas contra importadores y comercializadores que evaden el pago de los impuestos, afectando la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto.

CONSIDERANDO CUARTO: Que el comercio ilícito de productos falsificados puede tener consecuencias graves en la salud de los consumidores al inundar el mercado con productos que no cumplen con las normas mínimas de calidad o con productos falsificados como medicamentos, que atentan contra la vida del público en general.

CONSIDERANDO QUINTO: Que las previsiones legales existentes en República Dominicana no logran configurar de manera apropiada y sancionar de forma contundente los delitos de falsificación, contrabando, fraude fiscal, fabricación ilegal ni establecer las vinculaciones evidentes entre el comercio ilícito y otros delitos conexos como lavado de activos, corrupción y crimen organizado.

CONSIDERANDO SEXTO: Que se hace necesario fortalecer la capacidad institucional del Estado y establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las autoridades competentes.

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que la Procuraduría General de la República requiere de mayores recursos y herramientas legales que apoyen su accionar en la investigación, persecución y sanción de actividades delictivas complejas susceptibles de afectar múltiples jurisdicciones, tales como el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de bienes.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que mediante Resolución del Consejo Superior del Ministerio Público número 4/2014, Acta 0005, de fecha 29 de abril del 2014 fue creada la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), la cual tiene como objeto prevenir, investigar, perseguir y procesar a toda persona física o moral que resulte responsable del comercio ilícito de bienes, falsificación de medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas y el contrabando en todo el territorio nacional.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Resolución No.333-06, del 8 de agosto de 2006, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Gobierno de la República Dominicana el 10 de diciembre de 2003.

VISTA: La Resolución No. 355-06, del 14 de septiembre de 2006, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional suscrita el 15 de noviembre  de 2000.

VISTO: El Código Penal de la República Dominicana.

VISTO: El Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana.

VISTA: La Ley No. 11-92, del 16 mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de República Dominicana.

VISTA: La Ley No. 20-00, del 8 de mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial.

VISTA: La Ley No. 64-00, del 18 de agosto de 2000, que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VISTA: La Ley  No. 112-00, del 29 de noviembre de 2000, que establece un Impuesto al Consumo de Combustibles Fósiles  y Derivados de Petróleo.

VISTA: La Ley General de Salud, No. 42-01, del 8 de marzo de 2001, modificada por la Ley No. 22-06, del 15 de febrero de 2006.

VISTA: La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05, del 26 de julio de 2005.

VISTA: La Ley  Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, del 7 de junio de 2011.

VISTA: La Ley No.107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

VISTA: Ley No.155-17, del 1 de junio de 2017, que deroga la Ley No.72-02, del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los artículos 14, 15,16, 17 y 33, modificados por la Ley No.196-11.

VISTA: La Ley No.37-17, del 4 de febrero de 2017, que Reorganiza el Ministerio de Industria y Comercio.

VISTO: El Decreto No.82-15, del 6 de abril de 2015, que crea la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, bajo la dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

VISTO: El Decreto No. 307-0l, del 2 de marzo de 2001 que aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112-00.

VISTO: El Decreto No. 79-03, del 4 de febrero de 2003, que aprueba el Reglamento para la Aplicación del  Título  IV del Código Tributario de la República Dominicana.

VISTA: La Resolución No.4/2014 del 29 de abril de 2014, emitida por el Consejo Superior del Ministerio Público, que crea la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud.

VISTO: El Manual de la Oficina Jurídica de la INTERPOL para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes guía para responsables políticos,  junio de 2014.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto erradicar el comercio ilícito de mercancías, tipificando los delitos de comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y estableciendo sus sanciones administrativas y penales.

Artículo 2.- Productos Regulados. Son productos regulados por esta ley los medicamentos, los hidrocarburos, los productos del alcohol y sus derivados y los productos del tabaco y sus derivados.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación. Esta ley es de aplicación en todo el territorio nacional a todas las personas físicas y jurídicas incluyendo las actividades realizadas en zonas francas y centros logísticos.

Párrafo.- Esta ley no aplica a los estupefacientes y sustancias controladas que se encuentran reguladas en las leyes que tratan esta materia.

Artículo 4.- Jurisdicción. Las autoridades dominicanas competentes tienen jurisdicción para actuar cuando:

1) El delito se cometa a bordo de una embarcación que enarbole el pabellón dominicano o aeronave localizada en un aeropuerto o aeródromo del territorio dominicano.

2) El delito se cometa por uno de los nacionales de una embarcación que enarbole el pabellón dominicano, o por una persona que tenga residencia habitual en el territorio del buque que enarbole el pabellón dominicano.

3) El delito se cometa a través de cualquier medio por vía terrestre.

Párrafo.- No serán objeto de decomiso las embarcaciones, aeronaves y unidad de transporte de uso internacional para fines comerciales, conforme con las convenciones internacionales correspondientes, excepto en caso de complicidad comprobada.

Artículo 5.- Definiciones. Para la aplicación de esta ley y sus normas complementarias, se entenderá por:

1. Administración Tributaria: De conformidad con el Código Tributario, son la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

2. Alcoholes y sus productos derivados: Todos los  vinos,  licores, cervezas, alcoholes  puros  o derivados, obtenidos por proceso de fermentación, destilación o rectificación de materias primas, así como cualquier otra sustancia de contenido alcohólico que esté especificada en las partidas arancelarias establecidas en el artículo 375 del Código Tributario, independientemente de la forma como la misma haya sido producida u obtenida.

3. Contrabando: Será considerado contrabando la introducción o extracción del territorio nacional, de cualquier clase de mercancía, valor, origen o procedencia, eludiendo el control de la autoridad aduanera, incluyendo el transporte, venta, almacenamiento, adquisición, donación, ocultamiento, uso, dar o recibir en depósito, destrucción o transformación, de cualquier mercancía sin importar su valor, clase origen o procedencia, siempre y cuando se compruebe que las mismas no han cumplido con el control aduanero de rigor.

4. Decomiso administrativo: Es la incautación de una mercancía declarada mediante acto administrativo por un ente u órgano administrativo competente del Estado, tras comprobarse, la ilicitud de su elaboración, importación, distribución, almacenaje o comercio.

5. Derivados del tabaco: Cigarrillos, cigarros hechos a mano, cigarros puros, tabaco para mascar, líquido con base de nicotina, producto de tabaco para ser calentado con dispositivo electrónico y cualquier otro derivado del tabaco según la normativa general y arancelaria vigente.

6. Productos del tabaco: Los cigarrillos o cualquier derivado del tabaco contemplado en las partidas arancelarias establecidas en el artículo 375 del Código Tributario.

7. Fabricación ilícita: Se refiere a toda la fabricación que se lleva a cabo fuera del marco jurídico. Incluye, la fabricación de mercancías piratas ilegales o falsificadas y la fabricación no autorizada de productos que requieren permisos, licencia y/o registro.

8. Funcionario público: Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, así como cualquier otra persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público.

9. Hidrocarburos: Productos gaseosos, líquidos o sólidos, derivados del gas natural o resultantes de los diversos procesos de refinación del petróleo, comprendiendo metano, etano, propano, butano, gas natural, nafta, gasolina, kerosinas, diésel, fuel oil, y otros combustibles pesados, asfaltos, lubricantes, y cualquier mezcla de los mismos y sus subproductos hidrocarburiferos y desechos, cuya regulación corresponde al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes;

10. Medicamentos: productos naturales o farmacéuticos, debidamente registrados ante el Ministerio de Salud Pública, que se administran a seres humanos y animales con fines de prevención, diagnóstico, curación, tratamiento, y atenuación de las enfermedades o de los síntomas asociados con ellas.

11. Órgano regulador: Ente administrativo encargado en virtud de las leyes y reglamentos vigentes de la expedición de permisos y licencias de fabricación, importación, transporte y/o comercialización de productos regulados o del cobro de tributos que gravan dichos productos, y que velan por el cumplimiento de las regulaciones que rigen las operaciones comerciales en el territorio nacional.

12. Procuraduría especializada: Procuraduría contra el Comercio Ilícito de Bienes y Crímenes y Delitos contra la Salud.

13. Producto o mercancía ilegal: Es una mercancía fabricada en una instalación no registrada o importada o comercializada sin observar las disposiciones legales vigentes.

14. Producto adulterado: Es un producto cuyas características físico-químicas u organolépticas han sufrido alteraciones o cambios en perjuicio del consumidor o del fisco, sea o no inocuo.

15. Licencia: Se refiere en esta ley a cualquier permiso o autorización que sea exigida por las leyes y normas dominicanas para importar, transportar, fabricar, comercializar o exportar los productos regulados. Para aplicación de esta ley no se requiere de la creación o exigencia de nuevas licencias o permisos.

16. Mercancía o productos falsificados o fraudulentos: Es una mercancía cuyo envase o rotulación contenga diseños o indicaciones ambiguas o falsas, que induzca a error al público con respecto a su calidad, origen, ingredientes o procedencia o que viole derechos de propiedad intelectual debidamente adquiridos.

17. Parte interesada: cualquier organización, grupo o individuo que pudiera resultar afectado por las actividades ilícitas cometidas por una persona física o moral que constituyan hechos punibles conforme a la tipificación establecida por la presente ley y la normativa vigente;

18. Salario mínimo: salario mínimo del sector público.

CAPÍTULO II

DE LAS DISPOSICIONES ORGÁNICAS Y ESPECIALES

SECCIÓN I

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 6.- Órgano responsable. El Ministerio Público, mediante la procuraduría especializada correspondiente, será el encargado de ejercer la representación, defensa y persecución de los intereses del Estado y la sociedad en los asuntos que trata esta ley, conforme los términos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 7.- Atribuciones. Son atribuciones del Ministerio Público las siguientes:

1. Ejercer de oficio, a petición de parte interesada o a requerimiento del órgano regulador correspondiente, las acciones y representación del interés público, con carácter de parte procesal, en todos aquellos juicios por infracción a la presente ley y demás disposiciones legales complementarias.

2. Ejercer las acciones en representación del Estado dominicano tendentes a la prevención y persecución de los delitos tipificados, independientemente de que dichas acciones sean promovidas por personas físicas o jurídicas que hayan sufrido daños en su persona o patrimonio.

3. Ejercer la investigación, persecución y procesamiento de las personas responsables del comercio ilícito, falsificación y contrabando de medicamentos, bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, hidrocarburos y cualesquiera otros bienes de consumo masivo sometidos al marco de su competencia con posterioridad a la presente ley mediante decreto del Poder Ejecutivo.

4. Servir como órgano auxiliar a la Administración Tributaria en los casos de evasión fiscal, fraude tributario y fraude aduanero relativos a los productos regulados por la presente ley.

5. Servir como órgano auxiliar de los órganos reguladores de los productos regulados por la presente ley, para asistir en el decomiso y demás medidas administrativas impuestas por violación a las disposiciones de la presente ley en sede administrativa.

6. Las demás acciones previstas por la presente ley, el Código Penal y leyes afines, en particular las normativas que dispongan las condiciones de comercialización de los productos regulados, así como las demás normas que rigen al Ministerio Público.

Artículo 8.- Políticas de prevención. La Procuraduría General de la República, como organismo responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y de dirigir las políticas estatales de prevención, diseñará e implementará, en concordancia con los lineamientos establecidos en la presente ley y su reglamento de aplicación, las medidas de prevención tendentes a erradicar el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados en coordinación con las instituciones públicas y privadas correspondientes.

SECCIÓN II

DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PÚBLICO-PRIVADO DE PREVENCIÓN

Artículo 9.- Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención. Se crea el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, como órgano del Estado, dependiente del Ministerio Público, con las atribuciones que le concede esta ley.

Artículo 10.- Integración. El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención queda integrado de la siguiente manera:

1) El Procurador: Procuraduría General de la República o su representante, quien lo presidirá.

2) El Ministro de Industria y Comercio y Mipymes o su representante 3) El Ministro de Salud Pública o su representante.

4) El Director General de Impuestos Internos o su representante.

5) El Director General de Aduanas o su representante.

6) El Director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) o su representante.

7) El Director del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) o su representante:

8) Un representante de cada uno de los gremios representativos de los sectores vinculados a los productos regulados.

Párrafo.- Los representantes de los gremios representativos de los sectores vinculados a los productos regulados por esta ley, serán designados por sus respectivas organizaciones a los que se les exigirá las debidas credenciales para concurrir a las sesiones que se convoquen.

Artículo 11.- Atribuciones. El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención tiene la atribución de dar consultas y asesoría en el diseño e implementación de políticas de prevención de comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.

Párrafo.- En el reglamento de aplicación de esta ley se establecerán las funciones específicas del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención.

SECCIÓN III

DE LAS COMPETENCIAS INTRÍNSECAS DE LOS ÓRGANOS REGULADORES

Artículo 12.- Órganos Reguladores. Al amparo de la presente ley, son considerados como órganos reguladores:

1. El Ministerio de Salud Pública.

2. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

3. La Dirección General de Aduanas.

4. La Dirección General de Impuestos Internos.

5. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR).

6. El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

Artículo 13.- Fiscalización. Corresponde a los órganos reguladores de los productos sujetos a impuestos, licencias o permisos de importación, fabricación, transporte, almacenaje, distribución y/o comercialización ejercer la fiscalización para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas bajo su administración.

Artículo 14.- Productos Comercializados al Público en General. La vigilancia y fiscalización en puntos de venta de los productos comercializados al público en general, compete al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), excepto la fármaco-vigilancia que es una atribución exclusiva del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 15.- Facultad Legal para Inspeccionar. En cualquier momento, la Administración Tributaria, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, PROCONSUMIDOR, INDOCAL y cualquier órgano existente o creado con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, que tenga facultad legal para inspeccionar, vigilar o procurar el bienestar de los consumidores, del mercado y de los competidores podrá inspeccionar de manera aleatoria el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los tenedores de las licencias o permisos de importación, fabricación, transporte, almacenaje, distribución y/o comercialización de los productos regulados.

Artículo 16.- Operación sin Licencia o Registro. Toda persona que fabrique o intente fabricar, importar, almacenar o comercializar cualquier producto regulado, tener el registro o la autorización necesaria al efecto, o cuando ésta haya sido negada o revocada, o sin haber prestado la fianza prescrita, si la requiere el producto, se considerará que realiza comercio ilícito sujeto a las sanciones administrativas y penales contempladas por esta ley.

Párrafo I.- Ningún producto importado, fabricado o comercializado en estas condiciones podrá ser librado al consumo y deberá ser decomisado por las autoridades competentes.

Párrafo II.- Los órganos reguladores deberán requerir el concurso de la Procuraduría Especializada para la incautación y decomiso de las materias primas y los productos importados, fabricados o comercializados ilegalmente.

Párrafo III.- En caso de crímenes y delitos en materia de comercio ilícito de hidrocarburos y demás combustibles, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes deberá apoderar a la Procuraduría Especializada.

Artículo 17.- Cadenas de Suministro. Los órganos reguladores podrán disponer requisitos adicionales a los fines de monitorear las cadenas de suministro de productos regulados, que serán determinados, en caso de ser necesario, según estudio para  cada producto regulado por esta ley, incluyendo sistemas de trazabilidad de insumos y productos terminados o dispositivos para seguimiento y localización para prevenir el desvío de insumos y productos y detectar el contrabando y la evasión fiscal.

Artículo 18.- Marcaje de Seguridad y Trazabilidad. En los casos que los productos regulados lleven un marcaje de seguridad y trazabilidad, el reporte de lectura de dichos sistemas que arroje que el producto no es legítimo, tendrá la misma validez que el Acta de Comprobación.

CAPÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 19.- Suspensión Temporal. La licencia o permiso será suspendido temporalmente de manera automática, si durante las inspecciones aleatorias de verificación de cumplimiento, se comprueba que los registros o controles fiscales, los requerimientos de calidad o salud pública han sido alterados, no se aplican o se han falseado.

Artículo 20. Infracciones Administrativas en materia de hidrocarburos. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) será el órgano regulador para el conocimiento y sanción de las infracciones administrativas en materia de hidrocarburos, quedando habilitado para especificar y graduar -por vía reglamentaria- las infracciones o sanciones legalmente establecidas. Constituyen infracciones administrativas relativas a hidrocarburos y su comercialización las siguientes:

1. Comercializar hidrocarburos sin las autorizaciones correspondientes emitidas por el MICM o sin certificaciones que acrediten la calidad y seguridad de las instalaciones y operaciones.

2. Transportar hidrocarburos en vehículos que no exhiban -de forma visible- las acreditaciones que permitan la identificación de las empresas involucradas, el tipo de hidrocarburo transportado y las autorizaciones correspondientes.

3. Comercializar hidrocarburos o transportar hidrocarburos en condiciones de inseguridad, de manera que se ponga en riesgo el interés o la salud de los operadores o los terceros.

4. No desplegar de forma visible las advertencias de rigor en instalaciones en las que se comercialicen hidrocarburos o en los vehículos en los que estos se transporten.

5. Contravenir los términos del título habilitante respecto de la comercialización de hidrocarburos emitidos por el MICM.

6. Comercializar hidrocarburos, habiendo sido autorizado por el MICM, sin identificar a las empresas involucradas en el proceso o identificando empresas que no hayan sido autorizadas por el MICM para cualquiera de las actividades propias de la cadena de suministro de hidrocarburos.

7. Distribuir hidrocarburos a compradores con los cuales no hayan suscrito un contrato de suministro de sus productos.

8. Detallar hidrocarburos no adquiridos a distribuidores mayoristas autorizados por el MICM o con los cuales hayan suscrito un contrato de suministro de hidrocarburos.

9. Distribuir, despachar o descargar hidrocarburos en estaciones de servicio: (a) con las cuales quien descarga o despacha no haya suscrito un contrato de suministro exclusivo de productos o; (b) que exhiban las señalizaciones y manifiestos visibles atribuibles a la marca de otro distribuidor mayorista de hidrocarburos o; (c) en sitios distintos a estaciones de expendio autorizadas por el MICM, salvo que se trate de una venta efectuada por un distribuidor mayorista a personas físicas o jurídicas autorizadas por el MICM, para su autoconsumo.

10. Distribuir hidrocarburos a detallistas en ausencia de o en contravención a un contrato exclusivo de suministro de hidrocarburos.

11. Incumplir mandatos o disposiciones emitidos por el MICM, de forma tal que se ponga en riesgo el interés general, la salud y/o seguridad de las personas o al medio ambiente.

12. Distribuir o vender hidrocarburos a quienes no tengan autorización para detallar o revender dichos combustibles.

13. Realizar o hacer realizar modificaciones estructurales o de cualquier naturaleza en plantas envasadoras o en terminales de almacenamiento o depósitos sin contar con la previa autorización o aprobación del MICM.

14. Realizar cualquier actividad relacionada con la cadena de comercialización de hidrocarburos en virtud de una licencia, permiso o autorización no vigente.

Para fines de la presente ley, por comercialización de hidrocarburos se entenderá lo dispuesto en el párrafo II de la Ley No. 37-17, del 4 de febrero de 2017, que Reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Artículo 21.- Responsabilidad Civil o Penal. Las resoluciones administrativas sancionadoras dictadas por los órganos reguladores serán independientes de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de la violación a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 22.- Sanciones Administrativas. Son sanciones aplicables por la administración ante la comisión de infracciones o inobservancia de los requisitos legalmente establecidos para operar en la República Dominicana:

1. Multa.

2. Cierre temporal o permanente del establecimiento de comercio, depósito o fábrica.

3. Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, permisos o concesiones, autorizaciones o registros.

4. Decomiso administrativo de la mercancía.

5. Destrucción de la mercancía.

6. Demolición de estructuras.

7. Retiro o retención de equipos, instalaciones o accesorios.

8. Prohibición o la paralización definitiva de actividades u obras.

Artículo 23.- Decomiso Administrativo. El decomiso administrativo procede contra los productos derivados del tabaco, las bebidas alcohólicas, los hidrocarburos  y los medicamentos ilícitos, aun en ausencia de un autor material o intelectual de las actividades ilícitas, tras la constatación de la procedencia ilícita de los productos regulados, independientemente del inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

Párrafo I.- Las bebidas alcohólicas, medicamentos y derivados del tabaco, importados o no, decomisados en virtud de la presente ley, serán destruidos públicamente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de haberse comprobado su procedencia ilícita o su ilícito comercio.

Párrafo II.- Queda prohibido subastar, vender o utilizar las mercancías incautadas por parte de las autoridades competentes.

Párrafo III. En el caso de los hidrocarburos decomisados por su procedencia ilícita, quedarán a favor del Estado quien determinará, conforme a reglamento, la custodia de los mismos y los procedimientos de gestión y asignación de dichos combustibles a los órganos del Estado.

Artículo 24.- Sanciones pecuniarias. Al imponer las sanciones, el órgano regulador deberá contemplar que las sanciones pecuniarias aplicables a las infracciones no sean más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Párrafo.- La ejecución de sanciones pecuniarias se practicará mediante el procedimiento de apremio establecido en el Código Tributario.

Artículo 25.- Pago de Multas. Los cargos pecuniarios que el órgano regulador imponga como sanción deberán ser pagados dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 26.- Reincidencia. La reincidencia da lugar a la suspensión temporal o permanente del permiso o licencia de operación o a la no renovación temporal o permanente del mismo según la gravedad de la infracción cometida.

Artículo 27.- Publicidad de Sanciones. Las sanciones administrativas impuestas, una vez sean definitivas en sede administrativa, tendrán carácter público y serán publicadas por ésta en su página web y en cualquier otro medio que estime pertinente.

CAPÍTULO IV

DE LOS DELITOS Y SANCIONES  PENALES

SECCIÓN I

DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS

Artículo 28.- Delitos Tributarios. La violación a los controles fiscales y el incumplimiento de los requerimientos de la Administración Tributaria, se considera delito tributario y se rige según lo dispuesto en el Código Tributario.

Párrafo.- La fiscalización, inspección, investigación y control del cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias, así como la liquidación y recaudación de impuestos y derechos fiscales será competencia del Ministerio de Hacienda por medio de las direcciones generales de Impuestos Internos, y de Aduanas, conforme a las atribuciones, facultades y competencias legales que correspondan a cada una de ellas.

Artículo 29.- Declaración fraudulenta. La adulteración maliciosa en cualquier forma de los productos o inventarios, o de la información que respecto de aquellos se proporcione a la DGII o a la DGA con la finalidad de determinar un impuesto inferior al que corresponda, será sancionada como fraude fiscal.

Será sancionado como fraude aduanero de conformidad con la Ley de Aduanas, la variación de partida arancelaria, o la mezcla de productos a los fines de obtener de manera fraudulenta una clasificación que implique una reducción o liberación de los aranceles aplicables.

SECCIÓN II

DEL DELITO Y SANCIONES DEL COMERCIO ILÍCITO

Artículo 30.- Comercio Ilícito. Configuran el delito de comercio ilícito las actividades siguientes:

1. Elaborar los productos regulados sin obtener los permisos exigidos.

2. Elaborar y comercializar dentro del territorio nacional, productos o mercancías que no hayan cumplido los requisitos legalmente establecidos o normas técnicas aplicables.

3. Alterar o adulterar productos o modificar sus características, así como su cambio de destino o falsa indicación de su procedencia.

4. La falsificación de documentos con la finalidad de engañar a la persona que lee o mira el documento o empaquetado del producto haciéndole creer que el producto, sustancia activa, excipiente, elemento, material o accesorio, que acompaña el documento, es legítimo y no falsificado.

5. La fabricación o el suministro de medicamentos por personas físicas o morales no autorizadas y la introducción en el mercado de medicamentos o de dispositivos médicos que no cumplan los requisitos de conformidad.

6. La fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización, en cualquiera de sus formas, de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, re-etiquetados, contrabandeados, sin registro sanitario vigente, con ingredientes inadecuados, sin ingredientes activos, con cantidades inadecuadas de ingredientes activos, con un envase falsificado, o en cualquier forma alterados química o físicamente, así como también la comercialización de muestras médicas.

7. Fabricar, comercializar, intermediar, vender, distribuir, almacenar, importar o exportar productos regulados y sujetos a impuestos o equipos de fabricación sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables o sin exhibir las estampillas fiscales que corresponda, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas.

8. Esconder o disimular productos regulados con otros que no lo son con el objeto de burlar los controles y gravámenes requeridos a los primeros.

9. Mezclar derivados de petróleo con otros que no lo son, o que sean de distintas clases durante el recorrido a través de la cadena de suministro con el objeto de burlar los controles y gravámenes requeridos a los primeros.

10. Vender o promocionar productos regulados sin poseer los permisos, licencias o registros legales o consignar los gravámenes que establece la ley a través del Internet, plataformas electrónicas o cualquier otra nueva tecnología.

11. Hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a la descripción, cantidad o valor de los productos regulados para evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables, o entorpecer las medidas de control destinadas a la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito.

12. Hacer declaraciones falsas o deliberadamente engañosas respecto al origen, procedencia o métodos autóctonos u originales de producción de los productos con el objeto de obtener ventajas tributarias o de acceso a mercados derivadas de las leyes nacionales y acuerdos comerciales internacionales.

Artículo 31.- Sanciones Pecuniarias al Comercio Ilícito. Sin perjuicio del decomiso de las mercancías, productos, vehículos y demás efectos utilizados en la comisión del delito, así como la clausura del local o establecimiento; se impondrá a los infractores sanciones pecuniarias de multas de cien a doscientos salarios mínimos del sector público y prisión de tres a cinco años o ambas penas a la vez, cuando a juicio del juez la gravedad del caso lo requiera.

Párrafo.- En el caso de los medicamentos, las penas alcanzarán un máximo de diez años en virtud de lo establecido por la Ley General de Salud y sus modificaciones.

Artículo 32.- La Tentativa. La tentativa de los delitos se sancionará como el delito mismo.

SECCIÓN III

DEL CONTRABANDO Y DELITO ADUANERO

Artículo 33.- Contrabando Aduanero. Será sancionado de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Aduanas, toda persona que:

1. Introduzca o extraiga, del territorio nacional los productos regulados eludiendo el control aduanero.

2. Entregue, extraiga o facilite la extracción de los productos regulados del depósito aduanero, de los estacionamientos transitorios o de las zonas portuarias o primarias, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.

3. Desvíe de su destino final de los productos regulados que sean movilizados en tránsito por el territorio nacional para su introducción al mercado nacional, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.

4. Consuma, disponga o se distraiga mercancías sometidas a tránsito, transbordo, reembarque o a un régimen suspensivo o liberatorio sin haber cumplido los requisitos establecidos en la Ley General de Aduanas.

No será considerado como falta administrativa de conformidad con la Ley General de Aduanas el contrabando de productos regulados sin importar su valor aduanero.

Artículo 34.- Contrabando. Será sancionado con una multa de cien hasta trescientas veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, toda persona que:

1. Adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.

2. Sustituya mercancías de las unidades de transporte.

Artículo 35.- Prueba de contrabando. El delito de contrabando se comprueba cuando el poseedor de la mercancía no pueda presentar, a requerimiento de autoridad competente, en el plazo de las veinticuatro horas laborales siguientes al día de haber sido sorprendido, la documentación comprobatoria de que ha cumplido con todas las disposiciones legales para su importación, comercialización o exportación; o que adquirió dicha mercancía de una persona que a su vez pueda probar, dentro de ese mismo plazo, que ha cumplido con todos los requisitos. Se hará recaer sobre esta las sanciones previstas para el delito de contrabando conjuntamente con el poseedor de la mercancía.

Artículo 36.- Agravantes. La pena será de cinco a diez años de prisión y la multa equivalente a trescientas cincuenta veces el monto del valor aduanero de las mercancías, cuando en alguna de las circunstancias expuestas en los artículos anteriores concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:

1. Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.

2. Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.

3. Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya usurpado su identidad, o personas físicas o jurídicas inexistentes.

4. Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.

5. Se participe en el financiamiento, por cuenta propia o ajena, para la comisión de delitos aduaneros.

6. El autor o partícipe integre un grupo que califique como delincuencia organizada, según la legislación vigente.

7. La reincidencia en las actividades tipificadas como comercio ilícito, contrabando aduanero y contrabando.

8. Se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona inimputable.

Artículo 37.- Contrabando fraccionado. Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los dos artículos anteriores y será sancionado con idénticas penas, el que, actuando con una misma finalidad realice actividades de contrabando de forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos, respecto de mercancías con un valor aduanero que aisladamente fueren considerados infracciones administrativas.

Párrafo.- Para determinar la modalidad de contrabando fraccionado, la autoridad judicial podrá considerar los actos realizados por el infractor en los doce meses anteriores al último acto denunciado.

Artículo 38.- Contrabando de Hidrocarburos y sus Derivados. El que, en cantidad superior a un galón e inferior a ochenta, introduzca hidrocarburos o sus derivados al territorio dominicano, o los extraiga desde él, por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de 3 a 6 meses y multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales del sector público.

Párrafo I.- El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero hidrocarburos o sus derivados en cantidad superior a un galón e inferior a ochenta, incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en la parte capital de este artículo.

Párrafo II.- Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre una  cantidad superior a los ochenta galones, se impondrá una pena de 6 meses a 1 año de prisión y multa de cien a 200 salarios mínimos mensuales del sector público, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.

Párrafo III.- Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los mil galones, se impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a trescientos salarios mínimos mensuales del sector público, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento del valor aduanero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.

Párrafo IV.- El que descargue en lugar de arribo hidrocarburos o sus derivados, sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso anterior.

Artículo 39.- Favorecimiento de Contrabando de Hidrocarburos o sus Derivados. El que posea, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado al país ilegalmente, sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero, será sancionado con las mismas penas indicadas en el artículo anterior.

Párrafo I.- Será sancionado con igual pena el punto de venta o expendio que,  a sabiendas de la procedencia ilícita de los hidrocarburos, utilice signos distintivos, marcas y nombres comerciales de legítimo comercio para disfrazar total o parcialmente la comercialización de productos de contrabando.

Párrafo II.- No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, estén soportados con factura o documento equivalente.

SECCIÓN IV

DEL CARÁCTER TRANSNACIONAL DE LOS DELITOS

Artículo 40.- Carácter Transnacional. Los delitos tipificados en la presente ley, tendrán carácter transnacional para fines de la cooperación judicial internacional, cuando:

1. Se comete en más de un Estado.

2. Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado.

3. Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.

4. Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

SECCIÓN V

DE LA COMPLICIDAD

Artículo 41.- Complicidad. Se sanciona con penas de reclusión de seis meses hasta cinco años y multas de cien a trescientos salarios mínimos del sector público:

1. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

2. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.

3. El transporte, la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito.

4. La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente capítulo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

SECCIÓN VI

DE LOS DELITOS CONEXOS

Artículo 42.- Delitos Conexos. Los esquemas de comercio ilícito dan origen a delitos conexos como sobornos, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y estafa. Las autoridades administrativas y judiciales deberán extender la investigación de las conductas y aplicar las sanciones previstas en el Código Penal y demás leyes especiales.

Párrafo.- El contrabando y comercio ilícito constituyen infracciones graves al tenor de lo dispuesto por la Ley sobre Lavado de Activos, y como tales les son aplicables todas las disposiciones referentes a la investigación y sanción de la infracción de lavado de activos o de incremento patrimonial derivado de actividades delictivas.

Artículo 43.- Personas Morales. Las personas morales culpables de la comisión de las actividades de comercio ilícito serán sancionadas conforme a las disposiciones del Código Penal y la Ley sobre Lavado de Activos según sea el caso.

Párrafo.- El monto de la multa aplicable a las personas morales será el quíntuplo del máximo de las multas previstas para las personas físicas.

SECCIÓN VII

DE LOS DELITOS DE OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

Artículo 44.- Obstrucción de la Justicia. Serán sancionados con penas de tres a cinco años y multas de hasta doscientos salarios mínimos quienes recurran al uso de la fuerza física, amenazas o intimidación o sobornos en contra de testigos y autoridades de aplicación de la ley y la justicia, ocasionando interferencia en los testimonios y en la recolección y presentación de pruebas.

Párrafo.- Se sanciona también como obstrucción a la justicia:

1. Obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autorizada de las obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito.

2. Hacer una declaración que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facilitar la información requerida a un funcionario público u otra persona autorizada que esté cumpliendo sus obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito a menos que ello se haga en el ejercicio del derecho a la no autoincriminación.

SECCIÓN VIII

DE LA REINCIDENCIA

Artículo 45.- Reincidencia. La reincidencia se castiga con el duplo de las sanciones económicas y de las penas de reclusión.

Párrafo I.- El juez considerará según la gravedad del caso, como sanción adicional la prohibición de realizar actividades empresariales, y la inhabilitación para el ejercicio profesional u oficio de forma permanente o por un período de tiempo determinado, incluso si los hechos anteriores fueren infracciones administrativas.

Párrafo II.- Los órganos reguladores de las actividades de importación, distribución, transporte y comercialización de los productos regulados, en virtud de una condena por delitos de comercio ilícito, contrabando, falsificación y evasión fiscal, podrán, en el ejercicio de su potestad regulatoria, denegar de manera temporal o permanente nuevos permisos, licencias o autorizaciones para participar en dichas actividades.

CAPÍTULO V

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 46.- Recursos Administrativos. Las sanciones administrativas impuestas por la comisión de las infracciones previstas en las leyes y reglamentos correspondientes podrán ser objeto de un recurso de reconsideración.

Párrafo I.- La forma y plazo de los recursos administrativos se regirá por lo establecido en la Ley vigente sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Párrafo II.- La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni el pago de las multas impuestas.

CAPÍTULO VI

DE LA ACCIÓN JUDICIAL

SECCIÓN I

DE LA COMPETENCIA JUDICIAL

Artículo 47.- Competencia Judicial. Las acciones consideradas delictivas, consignadas en la presente ley, son de competencia de los Tribunales Colegiados de los Juzgados de Primera Instancia de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente. Su ejercicio es independiente de las acciones administrativas que puedan llevarse a cabo, y como tal, no tienen influencia una decisión en otra.

Artículo 48.- Parte interesada. Son titulares de la acción judicial establecida por la presente ley, las personas físicas y jurídicas que resulten afectadas por la comisión o tentativa de comisión de los delitos tipificados, el Estado dominicano, por intermedio del órgano regulador correspondiente o de la Procuraduría Especializada y cualquier otra entidad con un interés legítimo en promover la acción judicial con la finalidad de detener el ilícito.

Párrafo I.- Toda persona física o jurídica, grupo o asociación tiene legitimidad procesal activa para denunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que causare o pudiera tipificar los delitos establecidos por la presente ley y podrá intervenir, en cualquier momento, aportando pruebas que sean pertinentes al caso en cuestión.

Párrafo II.- El ejercicio de la acción judicial por la parte interesada, la Procuraduría Especializada o el órgano regulador no implicará renuncia a posibles acciones por daños y perjuicios, las cuales podrán ser solicitadas paralelamente a la acción pública.

Artículo 49.- Instrucción Expedita. El Procurador Adjunto, actuando como juez de la querella, estará obligado, si considera que el caso tiene visos de gravedad o que los productos ilícitos tienen capacidad de rápidamente llegar al mercado, a dar curso expedito, de oficio o ante las querellas, denuncias o referimientos previstos en la presente ley.

Artículo 50.- Acta de Comprobación. A fin de sustentar la acusación penal de cometer alguno de los delitos tipificados por la presente ley, la Procuraduría Especializada podrá, de oficio, a requerimiento de parte interesada o del órgano regulador correspondiente, levantar un Acta de comprobación de Ilícito, en los casos de flagrante delito, o disponer la realización de los informes y actas que considere pertinentes como medio de prueba para la instrumentación del caso en cuestión. En ese tenor, podrá citar a las partes, escuchar testimonios, efectuar traslados a los lugares en que fueron preparados o cometidos los hechos, realizar audiencias con la participación de denunciantes, testigos y peritos. Si cualquiera de las partes mostrara su negativa a colaborar a comparecer, la Procuraduría Especializada podrá ordenar la conducción de las personas involucradas para los fines correspondientes.

Párrafo.- La Procuraduría Especializada y los órganos reguladores correspondientes serán las autoridades competentes para levantar el Acta de Comprobación de Ilícito, mediante representantes debidamente calificados. El Acta de Comprobación de Ilícito será considerada como elemento de prueba ante los tribunales de la República.

SECCIÓN II

DEL DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS

Artículo 51.- Decomiso y Destrucción de los Productos Regulados. Procede el decomiso de los productos regulados de conformidad con la presente ley, una vez constatada su procedencia o comercialización ilícita mediante acta levantada por la autoridad competente o la Procuraduría.

Párrafo I.- En el caso de bebidas alcohólicas, medicamentos y derivados del tabaco, importados o no, decomisados en virtud de la presente ley, siempre procederá su destrucción públicamente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberse comprobado el delito de contrabando o su ilícito comercio.

Párrafo II.- Las bebidas alcohólicas, medicamentos y derivados del tabaco importados, que hayan sido declarados abandonados según lo dispuesto por la Ley de Aduanas solo podrán venderse a los representantes autorizados de sus marcas o titulares de los registros sanitarios de estos productos, y en caso de que no estuviesen interesados, se procederá con su inmediata destrucción. Si no fueren productos de marcas representadas o registradas en República Dominicana, procederá su destrucción inmediata.

SECCIÓN III

DEL DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS

Artículo 52.- Destino. Sin perjuicio por lo dispuesto en el Código Tributario, la Ley de Aduanas y la Ley contra el Lavado de Activos, un porcentaje no menor del treinta por ciento del producto de la venta de los bienes, equipos e instrumentos, decomisados y que no deban ser destruidos, y las sumas de dinero incautadas por la realización de actividades ilícitas serán destinados a la Procuraduría Especializada a los fines de garantizar su continua capacitación, equipamiento y capacidad para desempeñar las funciones establecidas en la presente ley.

Párrafo.- Para los aspectos no previstos por la presente ley, el decomiso e incautación de los bienes indicados en el presente artículo se regirán por las disposiciones de la Ley sobre Lavado de Activos en lo relativo al Decomiso de Bienes y su Destino, y respecto a los Terceros de Buena Fe.

SECCIÓN IV

DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO

Artículo 53.- Aplicación de Técnicas Investigativas Especiales al Comercio Ilícito. Cuando se investigue la comisión de uno de los delitos sancionados en esta ley, la autoridad judicial competente previa solicitud del Procurador Adjunto, podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal, se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el propósito de individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos.

Párrafo I.- Se utilizará esta técnica de investigación cuando se presuma fundadamente que ella facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero, como, asimismo, el cumplimiento de alguno de los fines descritos en el inciso anterior. Cuando los productos objeto del delito se encuentren en zonas sujetas a la potestad aduanera, la Dirección General de Aduanas observará las instrucciones que imparta el Procurador Adjunto para los efectos de aplicar esta técnica de investigación.

Párrafo II.- El Procurador Adjunto podrá disponer en cualquier momento la suspensión de la entrega vigilada o controlada y solicitar a la autoridad judicial competente que ordene la detención de los partícipes y la incautación de las sustancias y demás instrumentos, si las diligencias llegaren a poner en peligro la vida o integridad de los funcionarios que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes importantes para la investigación o el aseguramiento de los partícipes. Lo anterior es sin perjuicio que, si surgiere ese peligro durante las diligencias, los funcionarios policiales encargados de la entrega vigilada o controlada apliquen las normas sobre detención en caso de flagrancia.

Párrafo III.- El Procurador Adjunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para vigilar las especies a que se alude en el inciso primero, la parte capital de este artículo, así como, para proteger a todos los que participen en la operación. En el plano internacional, la entrega vigilada o controlada se adecuará a lo dispuesto en los acuerdos o tratados internacionales.

CAPÍTULO VII

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54.- Prescripción. Las infracciones contenidas en la presente ley prescribirán de conformidad con lo establecido en la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, siempre que se trate de infracciones administrativas. Los delitos prescribirán a los tres años.

Párrafo.- Los plazos de prescripción de la acción civil o penal, su inicio e interrupción se regirán conforme a las reglas del Código Procesal Penal dominicano.

Artículo 55.- Medidas Especiales de Control. La Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas establecerán medidas especiales de control para los Operadores Económicos Autorizados, los centros logísticos, o cualquier otro usuario u operador que goce de privilegios aduaneros bajo las normativas vigentes y las Zonas Francas tendientes a la prevención del comercio ilícito, la falsificación y el contrabando.

Artículo 56.- Protocolos y Convenios de Trabajo Conjunto. La Procuraduría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, establecerán, dentro de un plazo de noventa días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los protocolos de traslado de elementos materiales probatorios o información y la aplicación de técnicas investigativas especiales, según el caso, de forma que se pueda garantizar la cadena de custodia de la evidencia recolectada en el trámite administrativo de procedimientos relacionados con contrabando y las demás infracciones previstas en la presente ley que pudieran ser constitutivas de delitos conexos como narcotráfico, lavado de activos u otras actividades de la delincuencia organizada.

Artículo 57.- Coordinación Institucional. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se instruye a la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) y al INDOCAL a suscribir acuerdos de colaboración que establezcan protocolos de cooperación para el aseguramiento de elementos materiales probatorios o evidencia física y mecanismos de intercambio de información, que permitan optimizar los recursos para los operativos de inspección y control, las investigaciones administrativas y las investigaciones penales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Regularización de la Entrega y Renovación del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.  Hasta tanto se regularice la entrega y renovación del registro sanitario de alimentos y bebidas, la presentación de la solicitud de renovación para productos derivados del alcohol y del tabaco será admitida como prueba de renovación oportuna a los efectos del artículo 14 de la presente ley.

Segunda.- El Poder Ejecutivo elaborará el reglamento general de aplicación de esta ley, en un plazo de ciento veinte días contados a partir de su entrada en vigencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en Vigencia.- La presente ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación, según lo establecido por la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados por el Código Civil de la República Dominicana.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

Arístides Victoria Yeb

Vicepresidente en Funciones

Rafael Porfirio Calderón Martínez                            Luis René Canaán Rojas

               Secretario                                                           Secretario Ad-Hoc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019); año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

Radhamés Camacho Cuevas

Presidente

     Ivannia Rivera Núñez                                         Juan Julio Campos Ventura

               Secretaria                                                                  Secretario

DANILO MEDINA

Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), año 175 de la Independencia y 156 de la Restauración.

DANILO MEDINA