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El 56 % de los niños, niñas y adolescentes del país no se sienten seguros en entornos digitales. ¿De qué modo la ley puede frenar la violencia sexual digital infanto-juvenil?
Tu hija te pide la tablet para jugar en línea. Pones tus reglas, límites de tiempo y accedes. Pasa muchas horas frente a la pantalla y tiene amigos virtuales: más de una vez te ha hablado de Sofía y Matías. Tienen chats compartidos y juegan competencias a distancia. Un día notas que prefiere jugar en su habitación, lejos de tu mirada. En en descuido, tomas la tablet y revisas, a modo de control parental, sus conversaciones. Abres el chat con Matías y descubres que le exige fotos íntimas (sextorsión).
Matías es Roberto, un hombre que se ampara en el alias de un niño para obtener fotos íntimas de una menor y luego comercializarlas en el mercado negro. Ese delito tiene nombre: grooming (acoso o engaño sexual en línea), pero en muchos países aún no está tipificado.
UNICEF alertó que internet puede ser una jungla peligrosa para miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) de toda la región. Y las estadísticas lo respaldan: según datos de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) de República Dominicana, entre 2019 y 2022, los reportes de material de abuso sexual infantil en línea pasaron de 32.325 a 130.635, un aumento del 304,1 %.
En los últimos años, la violencia sexual digital contra NNA en República Dominicana ha crecido, tanto en visibilidad como en casos y cifras denunciadas. El 97 % de los casos denunciados corresponden a explotación sexual mediante imágenes o videos; el otro 3 % incluye abuso sexual, extorsión y atentado sexual.
De hecho, la encuesta Global Kids Online República Dominicana reveló que el 56 % de los NNA no se sienten seguros en internet; y esta percepción es más alta entre las niñas (66 %) que entre los niños (59 %).
“La velocidad del desarrollo tecnológico supera la capacidad normativa del sistema legal dominicano. Muchos delitos en línea relacionados con niñas, niños y adolescentes aún carecen de tipificación específica, especialmente en áreas como turismo sexual, sextorsión y grooming. A su vez, la falta de formación tecnológica de jueces, fiscales y policías limita la capacidad investigativa y judicial”, analiza Rhadaisis Espinal, socia de Guzmán Ariza.
Educación, eje central contra la violencia digital sexual
Si bien el gobierno dominicano ha creado plataformas educativas como E-pana y E-mentores para sensibilizar a los niñas, niños y adolescentes y sus familias sobre riesgos digitales, la alfabetización digital sigue siendo insuficiente en las escuelas y los hogares.
“Las víctimas y sus familiares enfrentan múltiples barreras: estigmatización, miedo a represalias, desconfianza en las instituciones y falta de procedimientos amigables para con niñas, niños y adolescentes informantes. Aunque existen equipos interinstitucionales para atención inmediata, como psicólogos, trabajadores sociales y refugios seguros, no siempre están disponibles o suficientemente equipados”, señala Julio César Vargas Javier, senior counsel de Guzmán Ariza.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la Pedatec, avalada por UNICEF y organizaciones internacionales, con capacitación y equipo técnico para enfrentar casos de abuso en línea.
“Existen fiscalías barriales que permiten el acceso a la justicia a los ciudadanos, pero muchas de estas carecen de personal y recursos tecnológicos para rastrear redes o identificar el almacenamiento de material de abuso sexual infantil (CSAM). Si bien los modelos internacionales recomiendan equipos multidisciplinarios y herramientas como PhotoDNA o listas de huellas digitales, aún no han sido implementados en la República Dominicana”, explica Espinal.
Las plataformas digitales no están legalmente obligadas a reportar casos de CSAM ni a colaborar por mandato específico. De hecho, la corresponsabilidad legal es mínima y la remoción de contenido se maneja de forma voluntaria o informal. Esto, muchas veces, entorpece los procedimientos y los vuelve más burocráticos (mientras las víctimas siguen siendo expuestas).
“Se han establecido acuerdos con proveedores de servicios de internet, como las empresas Claro, Altice, Viva y Wind, impulsados por UNICEF para promover mecanismos de protección infantil digital. Sin embargo, no existe una obligación legal clara que responsabilice a las plataformas digitales por contenido de abuso infantil. Tampoco hay un mecanismo legal robusto de denuncia obligatoria o remoción inmediata de contenido CSAM en línea”, comenta Vargas Javier.
Hoy día República Dominicana no cuenta con una ley que tipifique el grooming o la sextorsión por su nombre. Ambos delitos pueden quedar amparados bajo figuras delictivas, como el artículo 23 de la Ley 53-07, que penaliza el atentado sexual a menores a través de sistemas informáticos con penas de entre 3 a 10 años de prisión.
“La misma Ley 53-07 regula la producción, distribución, posesión y comercio de pornografía infantil. El artículo 24 penaliza la producción, difusión, venta o comercialización con 2 a 4 años prisión; y la posesión o adquisición de este material con penas de entre 3 meses a 1 año”, informa el experto.
Ahora bien, ¿por qué es necesario tipificarlos? “Entendemos que aunque existe legislación que se aplica a estos actos, se considera insuficiente, pues no hay referencias específicas a grooming, sextorsión ni claridad en conceptos como CSAM. Tampoco se contempla la jurisdicción extraterritorial, lo cual es una debilidad relevante”, indica Espinal.
Como sucede en muchos marcos regulatorios de América Latina, el código penal de República Dominicana ha sido redactado antes del auge de internet y no contempla delitos sexuales cometidos en entornos digitales. Es necesario avanzar hacia la tipificación de estos delitos para proteger de forma más eficaz a la niñez y adolescencia, adaptar las leyes a la era digital, perseguir con eficiencia a los agresores, y garantizar justicia y reparación a las víctimas.
“Aunque la República Dominicana cuenta con bases legales y estructuras institucionales para combatir CSAM y delitos de alta tecnología, existen brechas significativas respecto al grooming, la corresponsabilidad digital, la protección extraterritorial y la remoción obligatoria de contenido. Por igual, se necesitan más recursos, formación técnica y canales de denuncia seguros y efectivos para contrarrestar los múltiples casos de infracciones en contra de niñas, niños y adolescentes”, concluye la socia de Guzmán Ariza.
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