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Resumen ejecutivo
La Ley 32-23 marca un punto de inflexión en la relación entre las empresas dominicanas y la administración tributaria. A partir de su entrada en vigor, todo contribuyente registrado como sociedad deberá emitir sus comprobantes fiscales a través de un sistema de facturación electrónica, con el 6 de noviembre de 2026 como fecha límite para completar la transición. Este documento resume las obligaciones, plazos, modalidades de implementación y sanciones que establece la nueva normativa, con el objetivo de que las empresas puedan planificar su adaptación con tiempo suficiente.
Contexto
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha impulsado la Ley 32-23 como parte de un proceso de modernización del sistema tributario dominicano. El cambio sustituye progresivamente la factura en papel por un comprobante digital, con el propósito de reforzar la trazabilidad de las operaciones comerciales y reducir los márgenes de error y fraude asociados a la facturación tradicional. Para las empresas, esto implica no solo un ajuste tecnológico, sino también una revisión de sus procesos administrativos y contables.
Aspectos relevantes de la ley
Todos los contribuyentes registrados como sociedades —sin distinción de tamaño o sector— deben adoptar el sistema de facturación electrónica. La norma alcanza tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas.
El plazo máximo para completar la implementación es el 6 de noviembre de 2026. Este margen de tiempo está pensado para que las empresas puedan planificar la transición sin improvisaciones, ajustando sus sistemas internos de forma ordenada.
La ley contempla dos vías para adoptar el sistema:
Vencido el plazo, las empresas que no hayan adoptado el sistema quedan expuestas a:
Recomendaciones
Dado el alcance de la norma y las consecuencias de un incumplimiento, es recomendable que las empresas inicien cuanto antes la evaluación de su sistema actual, definan la modalidad de implementación que mejor se ajusta a sus operaciones y busquen asesoría legal especializada para acompañar el proceso de transición.
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